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Cuatrecasas reclama un mayor consenso en sentencias laborales

El bufete alerta, a través de su Instituto Internacional de Recursos Humanos, sobre la judicialización de los despidos colectivos y la inseguridad jurídica por la falta de consenso en los fallos de los tribunales.

Fuente:www.expansion.com

«La decisiones emitidas sobre despidos colectivos están siendo demasiado dispares. Los tribunales están tomando decisiones muy diferentes en casos semejantes. Además, en ellas no existe consenso entre los jueces y cuentan, habitualmente, con un gran número de votos particulares. Todo esto está generando una creciente inseguridad jurídica en el ámbito laboral», explica Salvador del Rey, director del Instituto Internacional Cuatrecasas.

El letrado, que presentó el informe que ha elaborado el organismo que preside tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha declarado nulo el ERE de Coca-Cola, ha solicitado que la sala de lo social del Tribunal Supremo realice un importante esfuerzo de consenso para que, de esta manera, se unifiquen criterios en asuntos esenciales y se establezca una doctrina clara que permita tomar decisiones en asuntos aún polémicos como la ultractividad –que está encontrando una dificultad aplicativa judicial muy importante– o los despidos colectivos, cada vez más judicializados y con menor espacio para la negociación.

Según explicó Del Rey, el Instituto Cuatrecasas está convencido de que la reciente sentencia del TC, de julio de 2014, establece claramente la viabilidad y validez constitucional de tres ejes básicos de la reforma laboral: la existencia de un periodo de prueba de hasta un año en los contratos indefinidos para emprendedores; la prioridad que en determinadas materias se establece respecto al convenio colectivo de empresa; y el desarrollo de un procedimiento de inaplicación de los convenios colectivos, que puede terminar, eventualmente, en la decisión de un tercero.

Sin embargo, el fallo del TC no ha presentado ninguna conclusión sobre otros asuntos problemáticos, como la ultractividad, sobre los que sigue existiendo una cierta discordancia. «La Reforma Laboral utiliza términos algo ambiguos en ciertos asuntos, lo que genera una importante inseguridad jurídica. Por esa razón, parece razonable pensar que, en poco tiempo, el legislador se planteará retocar el texto con una redacción más clara y taxativa, para evitar estas consecuencias negativas», dice el letrado de Cuatrecasas.

Otro asunto sobre el que ahonda el informe ‘Positiva reforma laboral, problemática aplicación judicial’, es el de la judicialización de las negociaciones en los despidos colectivos. «Estamos viendo que en estos procesos cada vez hay más derecho y menos espacio para las prácticas de negociación. Los jueces parecen formar parte integrante, y casi dominante, del proceso. Las partes tienen que justificar legalmente cada paso, lo que amplía la probabilidad de que una negociación sea declarada nulo por un error o una decisión no justificada. Tenemos que dejar que haya más alternativa, que las partes respiren y que no sean los jueces los que dominen el proceso», concluye Del Rey.

Tareas pendientes A pesar de que el informe explica que la sentencia del tribunal avala la constitucionalidad de gran parte de los ejes de la Reforma Laboral, también asegura que todavía existen tareas pendientes importantes que el Gobierno deberá llevar a cabo para adaptar el marco legal a las necesidades de empresas y trabajadores.

Entre las más importantes, el Instituto Internacional Cuatrecasas resalta la imprescindible renovación del contenido de los convenios colectivos, aún con regulaciones demasiado rígidas o desfasadas, o la necesidad de aproximar los costes de las extinciones de contratos de trabajo, entre temporales e indefinidos, para evitar la dualidad en el mercado laboral.

También solicita que se realice una actualización de la regulación del derecho a huelga que proteja, con más equilibrio, los derechos de huelguistas, no huelguistas, empresas y ciudadanos.

Por último, el organismo de Cuatrecasas apuesta por una aplicación particularizada de la normativa laboral para los emprendedores y las microempresas, especialmente en el inicio de sus actividades, de forma que una mayor flexibilidad al respecto les ayude a la implantación de sus actividades.

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