Hasta 250 contratos temporales llegó a encadenar una auxiliar de enfermería en el Instituto Catalán de Oncología (ICO) en los últimos siete años. Sumó una media de 35 contratos anuales, muchos de ellos por días, hasta que se quedó embarazada. Al poco de comunicar a sus superiores su gestación, el ICO dio por finalizado el último de los contratos temporales firmados y nunca más la volvió a llamar. Un juez obliga ahora al centro sanitario a indemnizar a la trabajadora con 6.000 euros y readmitirla en su puesto de trabajo al considerar “nulo el despido”. La sentencia señala además que la auxiliar tiene que ser considerada como indefinida no fija.
La trabajadora demandó a la empresa pública por considerar que la extinción del último contrato se trataba de un despido vinculado al anuncio de su embarazo. La empresa alegó que simplemente se trataba de una finalización rutinaria de un contrato temporal. El Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona ha determinado ahora que, aunque la mayoría de los contratos de interinidad estaban dentro de la legalidad, el ICO firmó 11 contratos eventuales “por circunstancias de la producción” que estaban en fraude de ley. En su sentencia, el juez ha alegado que la empresa no explica y acredita debidamente la naturaleza, el porqué y la duración prevista de un aumento de la actividad, por ejemplo, que justificase esa contratación temporal.
