Principal La Unión Europea pacta la equiparación salarial de trabajadores desplazados con los nacionales

La Unión Europea pacta la equiparación salarial de trabajadores desplazados con los nacionales

28 Mar 2018 | Laboral

desplazados banderas

La Unión Europea ha logrado un principio de acuerdo para endurecer la directiva comunitaria sobre trabajadores desplazados. El pacto prevé la equiparación salarial entre los trabajadores desplazados temporalmente a otro país y los trabajadores locales, lo que podría suponer una mayor retribución para más de dos millones de empleados.

El proyecto de directiva también fija un período máximo de desplazamiento de 12 meses, con posibilidad de prórroga justificada hasta 18. Transcurrido ese plazo, el trabajador podrá acogerse a la legislación laboral del país de destino si es más favorable que la de su país de origen. La directiva actual solo exige una remuneración igual al salario mínimo del país donde se desplaza el trabajador, lo que ha generado un dumping laboral en sectores con gran movilidad laboral como la construcción. La norma también ha facilitado el desplazamiento cuasi permanente de trabajadores procedentes de países más pobres hacia otros más ricos, con unos salarios inferiores a los habituales en el país de destino.

El texto todavía debe ser ratificado por los representantes de los países miembros de la UE, previsto para el 14 de marzo, y por el pleno del Parlamento. El Gobierno español se había alineado con los socios partidarios de frenar la directiva por temor a las repercusiones en el sector del transporte por carretera, pero de momento ha logrado que la directiva no se aplique a los camioneros, por lo que parece dispuesto a secundar el acuerdo alcanzado. Sin embargo, Bruselas no ha renunciado a equipar salarialmente a los camioneros desplazados con los camioneros locales. Comisión, Consejo y Parlamento negocian ya otra norma para aplicar la directiva de desplazamiento en el sector del transporte, en concreto, a partir del cuarto día en que un camionero preste sus servicios fuera de su país de residencia. España está en contra de la medida por entender que daña la competitividad de los países periféricos y el transporte desde esos países o hacia ellos, pero habrá que estar atentos al resultado de las negociaciones.

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