El 1 de abril entra en vigor la nueva Ley de patentes en España, no sin cierta polémica y conteniendo el aliento ante la aprobación de un reglamento que facilite la aplicación de esta norma.
Las impresiones ante el cambio legislativo difieren como difieren los actores que utilizan el sistema de patentes en España. En primer lugar, empresas españolas, multinacionales y pymes innovadoras que solicitan patentes y que sin duda serán las que mejor se adapten al nuevo sistema, sus estrategias están definidas en un origen y suelen utilizar España o Europa como pasarela para su extensión internacional. Son importantes también como adquirientes o licenciatarios de patentes y por ello, una Ley con reglas establecidas en un marco europeo no les es del todo desfavorable. Además, con el nuevo sistema se reducirán procesos ante los tribunales de justicia, en concreto los referidos a nulidades de patentes que se concedían por el proceso general de concesión sin superar los requisitos de patentabilidad.
Sin embargo, las empresas españolas son titulares de únicamente la mitad de las solicitudes de patente que se presentan en nuestro país, el resto del puzle lo componen las Universidades y los centros públicos de investigación, en aproximadamente un 25 % y otro tanto por particulares. Estos últimos, tenderán masivamente hacia la protección de sus invenciones por medio del modelo de utilidad, un registro con menos exigencias de tramitación que también se ve afectado y favorecido en la nueva Ley. Muchas cosas van a empezar a cambiar desde mañana.
No se puede desdeñar tampoco el papel de los inventores particulares en España y su ánimo para conseguir patentes. Sin embargo, no muchos de ellos logran que sus invenciones lleguen a comercializarse, que alguna empresa se fije en sus inventos o que tengan el pulmón suficiente para que ellos mismos los pongan en el mercado, por lo que aunque el nuevo entorno normativo con respecto a las patentes no les beneficia, con seguridad buscarán otras vías de protección.
Las Universidades y los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) son los más críticos con la implementación del nuevo sistema. Respetando los cambios, echan (y echamos) de menos sobre todo una mayor flexibilidad en el pago de las tasas y en el momento en que estas pasan a tener que abonarse. Hay que tener en cuenta que el fin último para sus invenciones es la transferencia, es decir proteger las invenciones realizadas en estas instituciones e intentar licenciarla, venderla o generar spin-offs o empresas de base tecnológica que hagan llegar la tecnología innovadora a la sociedad. Para este fin, el sistema de patentes es una buena herramienta, sin embargo estas instituciones cuentan con un bajo presupuesto inicial y la nueva Ley nacional encarece los primeros trámites de solicitud.
Además, hasta el 1 de abril de 2017, las universidades públicas españolas están exentas del pago de tasas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). A partir de ese momento, las Universidades y algunos OPIs se plantean un cambio de estrategia que sin duda no pasará por incrementar el número de solicitudes nacionales en España. Como comentaba, lejos de no creer en este sistema de protección de activos, todos ellos llevan años solicitando patentes, concienciando de su importancia e intentando que sean incorporadas de forma homogénea en el currículo investigador como lo son sus publicaciones científicas.
Si a todo lo anterior le sumamos que las empresas o solicitantes extranjeros que quieren protección por patente en España no recurren a la vía nacional si no que suelen utilizar la vía de validación de patentes europeas, el resultado es que indudablemente no se espera ni mucho menos un crecimiento en el número de solicitudes de patente en España en un futuro cercano, sino todo lo contrario. Esto es relevante si se tiene en cuenta que uno de los indicadores del desarrollo tecnológico e innovador de un país es el número de patentes solicitadas en él. Por tanto, lo fundamental es fomentar la innovación, porque logrando esa premisa las patentes vendrán de la mano sea cual sea la Ley de patentes que se encuentre en ese momento en vigor.
Desde el sector, una vez superados los habituales baches en la adaptación a la nueva normativa y ante la falta aún de reglamento, afrontamos esta nueva etapa con expectación ante el cómo serán capaces los profesionales de la OEPM de abordar los procesos con examen, las oposiciones post-concesión y la mediación, entre otros retos inminentes.
Pase lo que pase, lo que es seguro es que nos adaptaremos al nuevo escenario y que los problemas seguirán siendo otros, muy profundos, que tienen que ver sobre cómo fomentar de forma efectiva la innovación de nuestra querida España y como concienciar (de una vez por todas) de que la protección de la tecnología por medio de la propiedad industrial es una ventaja clara y factor clave de competitividad de nuestro sector empresarial, de esto va realmente nuestro futuro.
Fuente: Expansión
